: La democracia está en juego

Jürgen Habermas 27 octubre 2011Le Monde Paris
La crisis de la eurozona hace que sea necesaria una mayor integración política de la UE. Pero el camino emprendido por los dirigentes europeos se olvida de lo que debería ser su prioridad: el bienestar de los ciudadanos, establecido en un contexto democrático. Jürgen Habermas
A corto plazo, es necesario concentrarse en la crisis. Pero más allá de ella, los actores políticos no deberían olvidar los defectos de construcción que se encuentran en las bases de la unión monetaria y que tan sólo podrán eliminarse mediante una unión política adecuada: la Unión Europea carece de las competencias necesarias para armonizar las economías nacionales, que sufren divergencias drásticas en sus capacidades de competición.

El "pacto para Europa" que se ha vuelto a reforzar, lo único que ha hecho es intensificar un defecto conocido: los acuerdos no vinculantes en el círculo de los jefes de Gobierno o bien no tienen efecto alguno, o bien no son democráticos, y por este motivo deben sustituirse por una institucionalización incuestionable de las decisiones comunes.

El Gobierno federal alemán se ha convertido en el acelerador de una falta de solidaridad que afecta a toda Europa, porque ha cerrado los ojos durante mucho tiempo a la única salida constructiva que, incluso el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung ha descrito con la lacónica fórmula de "Más Europa".

Todos los Gobiernos implicados se encuentran desamparados y paralizados ante el dilema de elegir entre los imperativos de los grandes bancos y las agencias de calificación por un lado y por otro, su temor a perder legitimidad y que les amenaza ante su población frustrada. Los continuos cambios de poca ambición y sin control revelan la falta de una perspectiva más amplia.

Las razones de la parálisis
La crisis financiera que dura desde 2008 ha fijado el mecanismo de endeudamiento estatal a costa de las generaciones futuras; y mientras, no sabemos cómo podrán conjugarse a largo plazo las políticas de austeridad, tan difíciles de imponer en política interior, con el mantenimiento de un Estado social sostenible.

Ante la gravedad de los problemas, cabría esperar que los políticos, sin demoras ni condiciones, pusieran por fin las cartas europeas sobre la mesa para explicar sin rodeos a la población la relación entre los costes a corto plazo y la auténtica utilidad, es decir, explicar el significado histórico del proyecto europeo. En lugar de ello, se confabulan con un populismo que ellos mismos han favorecido, al oscurecer un tema complejo y desagradable. En el umbral entre la unificación económica y política de Europa, la política parece contener la respiración y agachar la cabeza.

¿Por qué se produce esta parálisis? Es una perspectiva anclada en el siglo XIX que impone la respuesta conocida del demos: no existiría un pueblo europeo y por ello, una unión política merecedora de este nombre estaría edificada sobre arena. Me gustaría contrastar esta interpretación con otra: la fragmentación política en el mundo y en Europa va en contra del crecimiento sistémico de una sociedad mundial multicultural y bloquea cualquier progreso en la civilización jurídica constitucional de las relaciones de poder estatales y sociales.

Dado que hasta ahora la UE ha estado dirigida y monopolizada por las élites políticas, se ha producido una peligrosa asimetría entre la participación democrática de los pueblos en los beneficios que sus Gobiernos obtienen para sí mismos en la alejada escena de Bruselas y la indiferencia o incluso la ausencia de participación de los ciudadanos de la UE con respecto a las decisiones de su Parlamento en Estrasburgo.

Concienciar a las poblaciones nacionales
Esta observación no justifica una sustancialización de los "pueblos". El populismo de derecha es el único que sigue proyectando una caricatura de grandes asuntos nacionales que se cierran unos sobre otros y bloquean cualquier formación de voluntad que traspase las fronteras.

Cuanto más conscientes sean las poblaciones nacionales de hasta qué punto las decisiones de la UE influyen en su día a día, y cuanto más conciencien los medios de comunicación sobre ello, más aumentará el interés por hacer valer sus derechos democráticos como ciudadanos de la Unión.Hemos podido comprobar este factor de impacto en la crisis del euro. La crisis también obliga al Consejo a tomar decisiones, muy a su pesar, que pueden afectar de forma desigual a los presupuestos nacionales.

Desde el 8 de mayo de 2009, traspasó un umbral con una serie de decisiones de rescate y de posibles modificaciones de la deuda, al igual que con declaraciones de intenciones para lograr una armonización en todos los ámbitos relevantes de la competición (en política económica, fiscal, de mercado laboral, social y cultural).

Más allá de este umbral se plantean problemas sobre la justicia del reparto. Por lo tanto, según la lógica de esta exposición, los ciudadanos estatales que deben sufrir los cambios del reparto de las cargas más allá de las fronteras nacionales, son quienes deben tener la voluntad de influir democráticamente, en su función de ciudadanos de la Unión, en lo que negocian o deciden sus jefes de Gobierno en una zona jurídica gris.

Rechazo populista del proyecto europeo
Pero en lugar de ello, constatamos tácticas dilatorias por parte de los Gobiernos y entre las poblaciones, un rechazo populista del proyecto europeo en general. Este comportamiento autodestructor se explica por el hecho de que las élites políticas y los medios de comunicación vacilan a la hora de sacar conclusiones razonables del proyecto constitucional. Bajo la presión de los mercados financieros se impuso la convicción de que, durante la introducción del euro, se había desatendido una implicación económica del proyecto constitucional. La UE sólo puede afirmarse contra la especulación financiera si posee las competencias políticas de dirección que son necesarias para garantizar una convergencia de los desarrollos económicos y sociales, al menos en el corazón de Europa, es decir, entre los miembros de la zona monetaria europea.

Todos los participantes saben que este grado de "cooperación intensificada" no es posible con los tratados existentes. La consecuencia de un "gobierno económico" común, también del agrado del Gobierno alemán, significaría que la exigencia central de la capacidad de competición de todos los países de la comunidad económica europea se extendería más allá de las políticas financieras y económicas, hasta los presupuestos nacionales, y llegaría hasta el ventrículo del corazón, es decir, hasta el derecho presupuestario de los Parlamentos nacionales.

Puesto que no debe transgredirse el derecho válido de forma manifiesta, esta reforma en suspenso tan sólo es posible mediante la transferencia a la Unión de otras competencias de los Estados miembros. Angela Merkel y Nicolas Sarkozy han llegado a un acuerdo entre el liberalismo económico alemán y el estatismo francés que tiene un contenido totalmente distinto. Si no me equivoco, intentan consolidar el federalismo ejecutivo implícito en el Tratado de Lisboa en un control intergubernamental del Consejo Europeo contrario al Tratado. Con un régimen así sería posible transferir los imperativos de los mercados a los presupuestos nacionales sin ninguna legitimación democrática.

Un ejercicio de dominio post-democrático
De este modo, los jefes de Gobierno transformarían el proyecto europeo en lo contrario: la primera comunidad supranacional democráticamente legalizada se convertiría en un acuerdo efectivo, por estar velado, de ejercicio de dominio post-democrático. La alternativa se encuentra en la continuación consecuente de la legalización democrática de la UE. No se puede lograr una solidaridad ciudadana que se extienda por Europa si entre los Estados miembros, es decir, en los posibles puntos de ruptura, se consolidan desigualdades sociales entre naciones pobres y ricas.

La Unión debe garantizar lo que la Ley fundamental de la República Federal Alemana denomina (artículo 106, párrafo 2) "la homogeneidad de las condiciones de vida". Esta "homogeneidad" se refiere únicamente a una estimación de las situaciones de la vida social que sea aceptable desde el punto de vista de la justicia del reparto, no a una nivelación de las diferencias culturales. Pero la integración política basada en el bienestar social es necesaria para que la pluralidad nacional y la riqueza cultural del biotopo de la "vieja Europa" se puedan proteger de la nivelación dentro de una globalización de avance tenso.